Un aviso legal web permite identificar al prestador de un servicio y contactar con él. Para una actividad sujeta a la Ley 34/2002, el artículo 10 LSSI exige que la información sea permanente, fácil, directa y gratuita. La obligación se refiere al contenido y a su accesibilidad: no se cumple únicamente creando una página con ese título, ni exige utilizar exactamente una plantilla predeterminada.
Este modelo ayuda a preparar la información de una empresa o profesional y a distinguirla de privacidad, cookies y contratación. Antes de publicarlo hay que comprobar quién presta realmente el servicio, qué actividad realiza y qué normas adicionales le afectan. Una marca comercial, el nombre del dominio y la sociedad que factura pueden ser distintos; la persona que visita la web necesita reconocer al prestador jurídico sin tener que investigarlo.
1. Cuándo resulta aplicable la LSSI
La LSSI consolidada se aplica, con carácter general, a prestadores establecidos en España, con las reglas territoriales y excepciones de sus artículos 2 a 5. No basta con que una web esté escrita en español o tenga un dominio determinado para resolver esa cuestión. En servicios transfronterizos deben examinarse el establecimiento y las reglas específicas, sin trasladar automáticamente esta plantilla a cualquier entidad extranjera.
El concepto de servicio de la sociedad de la información incluye actividades económicas cuyos destinatarios no pagan directamente. Un blog financiado mediante publicidad o afiliación puede encajar, aunque su lectura sea gratuita. Una web que presenta los servicios de un profesional también debe analizarse como parte de su actividad. La ausencia de una pasarela de pago no determina por sí sola que la LSSI resulte ajena al sitio.
Una página estrictamente personal sin actividad económica puede quedar fuera de ese concepto. No significa que desaparezcan todas las demás obligaciones: publicar imágenes de terceros o tratar datos personales puede plantear cuestiones diferentes. Tampoco la forma de asociación sin ánimo de lucro resuelve automáticamente el análisis; lo relevante es la actividad desarrollada y el ámbito de la norma. La guía sobre servicios de la sociedad de la información desarrolla ese contexto.
2. Las tres piezas de una web legal
El aviso identificativo del artículo 10, la información de privacidad de los artículos 13 y 14 RGPD y las obligaciones sobre dispositivos de almacenamiento o recuperación del artículo 22.2 LSSI cumplen funciones distintas. Eso no implica que cada sitio necesite siempre tres documentos separados. Puede organizar información en una misma sección si sus contenidos se distinguen claramente y el acceso satisface las exigencias aplicables.
La política de privacidad de una web debe responder a los tratamientos que se realizan, incluidos formularios y otros canales pertinentes. Un aviso con la razón social y el NIF no explica esos tratamientos. A la inversa, una política extensa sobre derechos y conservación puede omitir datos profesionales que exige el artículo 10. Revise cada deber por su contenido, no por la etiqueta que haya utilizado quien diseñó el sitio.
En materia de cookies y tecnologías semejantes hay que comprobar qué se utiliza y si concurre una excepción legal. No todas requieren consentimiento; por ejemplo, la norma contempla supuestos vinculados a la transmisión de comunicaciones y a lo estrictamente necesario para un servicio expresamente solicitado. El modelo de política de cookies trata esa tarea específica. Un aviso legal no sustituye la configuración que debe impedir usos sujetos a consentimiento antes de obtenerlo.
Las condiciones de contratación tienen otro objeto. Si la web permite contratar, habrá que revisar información precontractual, proceso de pedido y obligaciones de consumo cuando procedan. No esconda precios, gastos o condiciones decisivas en el aviso general esperando que ese enlace cubra cualquier fase de la compra. La información debe aparecer donde la necesita el destinatario para decidir.
3. Datos identificativos que deben comprobarse
El artículo 10.1 exige el nombre o denominación social, la residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de un establecimiento permanente en España; el correo electrónico y otros datos que permitan una comunicación directa y efectiva; y el NIF correspondiente. La dirección no debe sustituirse por una referencia vaga a la ciudad. Utilice datos actuales del prestador, evitando identificar por error a la agencia que construyó la web.
Los datos registrales se incluyen cuando el prestador está inscrito en el Registro Mercantil u otro registro público para adquirir personalidad jurídica o a efectos de publicidad. No invente un tomo y folio para un profesional que no dispone de ellos. Compruebe la inscripción real y su alcance, porque una inscripción comercial no equivale a una autorización administrativa para desarrollar cualquier actividad.
Si existe autorización administrativa previa, deben indicarse sus datos y el órgano supervisor. En profesiones reguladas, el artículo 10 añade el colegio y número cuando corresponda, el título oficial o profesional, el Estado de la UE o del EEE de expedición y el reconocimiento u homologación cuando proceda, además de las normas profesionales aplicables y cómo consultarlas. Mencionar solo «profesional colegiado» deja sin cubrir información relevante.
También deben indicarse los códigos de conducta a los que el prestador esté adherido y cómo consultarlos electrónicamente. Si el servicio hace referencia a precios, estos deben presentarse de forma clara y exacta, con indicación sobre impuestos y, en su caso, gastos de envío. No añada un distintivo, código o inscripción simplemente porque aparece en la plantilla de otro negocio: la afirmación debe poder comprobarse.
4. Plantilla de aviso legal para adaptar
El modelo siguiente separa las menciones generales de los módulos condicionales. Complete cada campo con información verificada y suprima únicamente los apartados que no correspondan a la actividad real. Los enlaces de consulta deben llevar al documento o registro pertinente, no a una página principal desde la que resulte difícil encontrarlo. Una versión con corchetes o instrucciones internas todavía visibles no está preparada para publicar.
AVISO LEGAL — [NOMBRE DEL SITIO]
Fecha de revisión: [fecha].
1. Prestador del servicio
Nombre o denominación social: [identidad jurídica completa].
Nombre comercial, si se utiliza: [marca].
NIF: [identificación fiscal].
Residencia, domicilio o dirección pertinente: [dirección completa].
Correo electrónico: [dirección atendida].
Otros medios para comunicación directa y efectiva: [canales operativos].
Sitio o servicios a los que se refiere este aviso: [identificación].
2. Inscripción registral, cuando corresponda
Registro e identificación de la inscripción: [datos verificados].
3. Actividad sujeta a autorización administrativa previa, si corresponde
Autorización: [identificación y alcance].
Órgano competente encargado de la supervisión: [identificación].
4. Profesión regulada, cuando corresponda
Colegio profesional y número, en su caso: [datos].
Título académico oficial o profesional: [título].
Estado de la UE o del EEE de expedición: [Estado].
Homologación o reconocimiento, cuando proceda: [datos].
Normas profesionales aplicables: [identificación].
Medios de consulta: [enlace o procedimiento].
5. Códigos de conducta, si existe adhesión
Código y forma de consultarlo electrónicamente: [identificación y enlace].
6. Información económica, cuando el servicio mencione precios
Los precios y las condiciones aplicables a [productos o servicios] se
presentan en [ubicación], indicando [tratamiento de impuestos] y, cuando
corresponda, [gastos de envío o modo de determinarlos].
La información específica del proceso de contratación está en [enlace].
7. Información relacionada
Tratamientos de datos personales: [enlace a información de privacidad].
Cookies y tecnologías semejantes, cuando proceda: [información y controles].
Condiciones de contratación, cuando proceda: [enlace].
Otras menciones sectoriales aplicables: [contenido revisado].
El modelo no impone un teléfono como requisito universal derivado exclusivamente del artículo 10, pero exige resolver la comunicación directa y efectiva. Un buzón que devuelve todos los mensajes o un formulario que nadie atiende no proporciona esa función. Compruebe además las normas de consumo o sectoriales que puedan exigir medios concretos: no utilice la flexibilidad de un precepto para ignorar una obligación adicional.
Un profesional que trabaja desde su domicilio no debe inventar una dirección ajena para evitar publicarlo. Tiene que determinar la dirección que satisface legalmente la obligación en su situación y organizar el contacto de forma segura. La preocupación por la exposición de información personal merece una solución real, sin sustituir un dato obligatorio por otro que impida localizar al prestador.
5. Condiciones de uso y responsabilidad
Las condiciones de uso pueden complementar el aviso, pero no forman parte de todas las menciones mínimas del artículo 10. Si las incluye, explique qué conducta regula y si existe una relación contractual a la que puedan incorporarse. La mera visita a una página no convierte automáticamente cualquier cláusula publicada en una renuncia válida del usuario. Evite el texto rutinario que afirma aceptación total de condiciones desconocidas por continuar navegando.
Una cláusula sobre propiedad intelectual debe ajustarse a los derechos reales. No declare que todo pertenece a la empresa si hay fotografías licenciadas, material de terceros o contenidos con condiciones específicas. Identifique las reglas de reutilización pertinentes sin prohibir de manera indiscriminada usos que la ley permite. Si el sitio incorpora aportaciones de usuarios, necesita un análisis propio que excede una frase de reserva de derechos.
Tampoco utilice una exclusión general de responsabilidad por cualquier daño, error o enlace. La responsabilidad depende de la actividad y de las normas aplicables; una cláusula no elimina obligaciones imperativas ni derechos de consumidores. Si se describe el propósito informativo del contenido, hágalo con precisión. Advertir que una publicación es general no permite desentenderse de información engañosa sobre los servicios que se ofrecen.
La ley y jurisdicción aplicables merecen revisión cuando hay consumidores o actividad transfronteriza. No copie una sumisión obligatoria a los juzgados del domicilio empresarial como si fuera válida en todos los contratos. El aviso identifica al prestador; no debe convertirse en un lugar donde se introducen condiciones contractuales no evaluadas. Es preferible mantener una información breve y correcta a añadir párrafos que contradigan derechos aplicables.
6. Adaptaciones por tipo de negocio
En un comercio electrónico, compruebe quién vende, quién factura y cómo se informa del precio total antes de contratar. Si intervienen varios vendedores, el visitante debe poder distinguir los papeles. El aviso de una plataforma no puede atribuirse automáticamente a cada comerciante ni sustituir las obligaciones adicionales que correspondan a una actividad de intermediación.
Una asesoría o gestoría debe verificar cuáles de sus servicios están sujetos a una profesión regulada, colegiación o autorización. No todos los colaboradores comparten necesariamente el mismo título o inscripción. Si varias entidades utilizan una marca, explique qué entidad presta el servicio anunciado y dónde se encuentra la información correspondiente, evitando una lista de sociedades sin relación con cada actividad.
En un blog con afiliación, la identidad del prestador y la transparencia comercial requieren atención aunque la contratación final tenga lugar fuera. Distinga la identificación general de las menciones publicitarias que procedan en cada contenido. Publicar una frase genérica sobre colaboraciones en el pie de página puede no explicar suficientemente una recomendación remunerada concreta. No presente independencia absoluta si existen relaciones económicas que condicionan la presentación del contenido.
Una web puramente informativa de una organización también puede recoger datos mediante consultas, boletines o analítica. La evaluación de la LSSI no sustituye la revisión de esos tratamientos. Relacione cada formulario con las bases de legitimación pertinentes y con su información específica, en vez de incluir una casilla de aceptación del aviso legal como fundamento universal para utilizar los datos.
7. Ubicación y accesibilidad
Un enlace reconocible en el pie de página suele facilitar el acceso, pero no es una ubicación impuesta literalmente por el artículo 10. Lo que debe comprobarse es que la información pueda encontrarse de forma permanente, fácil, directa y gratuita. Una persona que entra por una ficha de producto, una campaña o una página móvil necesita una vía efectiva, sin registrarse ni contratar para conocer al prestador.
Revise el acceso en tamaños de pantalla diferentes, con navegación mediante teclado y sin depender de un elemento visual que desaparezca al cerrar una ventana. Si una capa de consentimiento tapa permanentemente el enlace, la información puede resultar inaccesible para quien rechaza usos opcionales. Estas comprobaciones convierten el requisito de acceso en decisiones de publicación verificables, en lugar de limitarlo a marcar una tarea como completada.
La dirección de correo debe poder copiarse y los enlaces registrales o profesionales deben funcionar. Evite alojar la única versión en una imagen o en un archivo que el usuario no pueda consultar de forma razonable. Cuando exista una traducción, mantenga los datos identificativos alineados: una versión antigua en otro idioma puede seguir enviando consultas a una entidad que ya no presta el servicio.
Puede verificar el resultado con una consulta ficticia: una persona identifica quién presta el servicio, encuentra una dirección operativa y obtiene información sobre la actividad regulada sin crear una cuenta. Si aparecen entidades contradictorias entre aviso, factura y proceso de contratación, resuelva la discrepancia antes de dar por terminada la revisión. La comprobación debe abarcar también páginas de campaña que utilizan un diseño distinto del sitio principal.
8. Mantener coherencia cuando cambia la web
Asigne un responsable de comunicar cambios societarios, nuevas actividades y modificaciones de contacto. No todo cambio exige reescribir todas las políticas, pero sí comprobar los documentos afectados. Una nueva herramienta de reservas puede alterar privacidad y contratación; un cambio de denominación afecta a la identificación; añadir publicidad puede cambiar el análisis de una página inicialmente personal. La revisión debe seguir esos hechos concretos.
El registro de actividades de tratamiento ayuda a relacionar formularios, proveedores y finalidades con la información de privacidad, aunque no sustituye la documentación mercantil del aviso. Una auditoría RGPD puede coordinar estas comprobaciones dentro de un alcance definido; conviene identificar qué cuestiones pertenecen a consumo o LSSI para que no queden inadvertidamente fuera.
Si emplea software de cumplimiento, valore cómo mantiene versiones, responsables y enlaces entre documentos. No presuponga que actualizar un dato en una aplicación lo modifica automáticamente en todas las páginas públicas. Compruebe el resultado visible y conserve la versión publicada cuando sea necesario para explicar qué información estuvo disponible en un momento concreto.
FAQ
¿Necesito tres páginas legales separadas?
No existe una regla universal de tres páginas. Las obligaciones dependen de la actividad, los tratamientos y las tecnologías utilizadas. Los contenidos deben distinguirse y ser accesibles, aunque se organicen en una sección común. Un título como «aviso legal y privacidad» no demuestra por sí mismo cumplimiento ni incumplimiento.
¿Una casilla de aceptación subsana datos ausentes?
No. El visitante no puede aceptar una identidad empresarial que nunca se le facilitó ni suplir con una casilla las menciones profesionales obligatorias. La aceptación contractual y el consentimiento para datos personales tienen requisitos propios que deben revisarse separadamente.
¿Qué ocurre si el aviso es incompleto?
La LSSI prevé infracciones por incumplir sus obligaciones informativas, con calificación según el precepto y las circunstancias. No toda omisión tiene automáticamente la misma gravedad ni corresponde atribuir cualquier expediente a la AEPD. Lo inmediato es identificar el dato ausente, comprobar su fundamento, corregir la publicación y verificar los canales relacionados.